No, no es necesario ni conveniente copiar el estilo Bukele de manera literal. Aunque el modelo salvadoreño ha generado admiración por sus resultados contra la delincuencia, Perú enfrenta una realidad criminal, institucional y territorial distinta; por ello, lo útil no es imitar la imagen o la mano dura, sino adaptar lecciones concretas sin sacrificar derechos democráticos.
Por Walter Velásquez
El atractivo del “modelo Bukele”
En primer lugar, conviene entender por qué el presidente salvadoreño Nayib Bukele se convirtió en un referente regional. Su gobierno implementó un régimen de excepción, detenciones masivas y reformas penales severas para combatir a las pandillas; como consecuencia, la violencia disminuyó de forma rápida y su popularidad creció.
Además, su estilo político —directo, mediático, juvenil y asociado a símbolos como gafas de aviador, chaquetas de cuero y gorras— ha sido imitado por políticos de varios países. En Perú, la preocupación por las extorsiones, el sicariato y el crimen organizado ha fortalecido la demanda ciudadana por líderes “decididos” que ofrezcan seguridad inmediata.
Sin embargo, la admiración por resultados no debe confundirse con la validez automática de un modelo. En efecto, lo que funciona en un país pequeño, con pandillas territorialmente organizadas, puede no servir en una nación como Perú, donde el crimen es más disperso, transnacional y vinculado a economías.
¿Por qué Perú no es El Salvador?
En segundo lugar, las diferencias entre ambos países son sustanciales. El Salvador tiene una extensión comparable a la de Ica y una población menor a siete millones de habitantes; Perú, en cambio, posee una geografía compleja, una población mucho mayor y estructuras criminales que operan desde zonas fronterizas, puertos, minas ilegales y redes urbanas.
Asimismo, mientras las pandillas salvadoreñas tenían estructuras territoriales identificables, el crimen peruano incluye extorsión, narcotráfico, minería ilegal, corrupción policial y judicial, y organizaciones que cruzan fronteras. Por consiguiente, construir grandes cárceles o realizar detenciones masivas no desarticula por sí solo esas redes.
También existe un problema práctico: el sistema penitenciario peruano ya enfrenta hacinamiento. Según análisis publicados en Perú, hay alrededor de 103,000 personas privadas de libertad frente a aproximadamente 41,000 plazas de alojamiento; por lo tanto, una política de encarcelamiento masivo sería difícil de sostener y podría empeorar las condiciones carcelarias.
El riesgo de copiar solo el estilo
Por otro lado, el mayor peligro no está solamente en replicar las políticas de seguridad, sino en imitar el discurso y la estética de Bukele. La retórica de “mano dura” puede generar expectativas inmediatas, pero también normalizar el debilitamiento de garantías constitucionales, la concentración de poder y el uso de la emergencia como herramienta permanente de gobierno.
Por lo tanto, un político peruano que solo copie el lenguaje agresivo, la imagen de autoridad o la promesa de “limpiar las calles” corre el riesgo de ofrecer un placebo de seguridad. Es decir, puede ganar votos, pero sin resolver las causas estructurales del crimen.
Lo que sí puede aprenderse
No obstante, rechazar la copia literal no implica ignorar todo lo ocurrido en El Salvador. Al contrario, Perú puede extraer lecciones válidas si las adapta a su contexto.
- Prioridad política clara: la seguridad debe ser una política de Estado sostenida, no una campaña mediática.
- Inteligencia criminal: se requiere información oportuna sobre redes de extorsión, lavado de activos y corrupción.
- Coordinación institucional: Policía, Fiscalía, Poder Judicial, militares y gobiernos locales deben actuar bajo reglas claras.
- Reforma policial y judicial: combatir la corrupción interna es indispensable para que las operaciones sean efectivas.
- Prevención social: educación, empleo juvenil, recuperación de territorios y oportunidades legales reducen el reclutamiento criminal.
- Resultados verificables: las políticas deben medirse con datos, no solo con discursos o imágenes.
De esta manera, Perú podría adoptar la eficacia sin adoptar el autoritarismo. La clave está en distinguir entre firmeza legítima y arbitrariedad.
Seguridad sí, pero con democracia
Además, la seguridad ciudadana no puede separarse del Estado de derecho. Si bien la población exige respuestas urgentes, las soluciones duraderas requieren equilibrio entre prevención, investigación, sanción y respeto a los derechos fundamentales.
En otras palabras, un Estado fuerte no es aquel que suspende derechos sin control, sino aquel que logra proteger a sus ciudadanos mediante instituciones capaces, transparentes y responsables. Por consiguiente, la pregunta correcta no es “¿cómo ser como Bukele?”, sino “¿qué políticas específicas pueden reducir la criminalidad en Perú sin destruir la democracia?”.
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