Keiko Fujimori ante la banda presidencial:

Promesas económicas, sombras sobre la prensa y choque anunciado con la izquierda

Por Walter Velásquez

El eventual ingreso de Keiko Fujimori a la banda presidencial en 2026 reabre un viejo debate en el Perú: entre la promesa de estabilidad económica y mano dura, y el temor a que se repitan prácticas autoritarias asociadas al fujimorismo histórico, especialmente en materia de libertades civiles y relación con la prensa. Al mismo tiempo, su llegada a Palacio obligaría a una convivencia tensa con un Congreso donde senadores y diputados de izquierda verían en su gobierno la continuidad de un modelo neoliberal que han cuestionado con fuerza. 

Un proyecto económico de continuidad y shock

En el plano económico, Keiko Fujimori ha defendido con consistencia la continuidad del modelo de economía social de mercado, con fuerte protagonismo del sector privado y énfasis en la inversión, la formalización y la estabilidad macroeconómica. Sus planes para 2026 insisten en la reactivación vía incentivos a la empresa, desburocratización y uso activo de instrumentos como el Fondo de Estabilización Fiscal para destrabar proyectos de infraestructura. 

Entre sus banderas están los beneficios tributarios para nuevas pequeñas y medianas empresas  incluida la “tributación cero” o esquemas de licencia simplificada para los primeros años, programas de crédito blando para mypes y el impulso a sectores como turismo y gastronomía mediante exoneraciones temporales y flexibilización de normas. Asimismo, plantea aumentar ayudas sociales como Pensión 65 y programas de transferencias condicionadas, financiados en parte con una mayor eficiencia del gasto y con mecanismos como el reparto directo de un porcentaje del canon a familias de zonas mineras. 

Estabilidad para unos, desconfianza para otros

Para el empresariado, la continuidad de una política proinversión y la eventual ratificación de figuras técnicas como Julio Velarde en el Banco Central son señales de tranquilidad: un gobierno de Keiko promete reglas claras, respeto a los contratos y apertura a la inversión minera y de infraestructuras. Sin embargo, para amplios sectores de izquierda y movimientos sociales, este programa consolida un modelo que consideran excluyente, con baja presión tributaria sobre grandes capitales y dependencia de actividades extractivas. 

Esa brecha de percepciones anticipa un clima político polarizado: mientras Fuerza Popular insistiría en el discurso del “orden y reactivación”, la oposición de izquierda haría foco en la desigualdad, las brechas territoriales y la necesidad de una reforma fiscal que aumente la carga a los sectores de mayores ingresos. Tal escenario haría del Congreso un campo de batalla permanente entre dos visiones de país difícilmente reconciliables 

Libertad de prensa: las heridas que no cierran

El punto más sensible de un gobierno encabezado por Keiko Fujimori sería, sin duda, la libertad de prensa y expresión. Los antecedentes del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos  con compra de líneas editoriales, chantaje a medios y persecución a periodistas  siguen presentes en los informes internacionales y en la memoria de las redacciones. 

Si bien Keiko ha intentado marcar distancia del autoritarismo de los noventa, su propio historial político incluye enfrentamientos duros con medios críticos, campañas de desprestigio desde figuras cercanas y el uso agresivo de querellas y presión política desde el Congreso controlado por Fuerza Popular. Organismos como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH han advertido que el Perú arrastra problemas estructurales en concentración de medios, presiones económicas y judicialización de periodistas, un contexto que se vuelve más delicado bajo gobiernos percibidos como poco tolerantes a la crítica. 

Señales, temores y posibles cortafuegos

Ante un eventual acceso a la banda presidencial, la forma en que Keiko configure su gabinete y su relación con los medios será clave para disipar o confirmar temores. La presencia de ministros dialogantes, el respeto irrestricto a las instituciones reguladoras y la ausencia de presiones económicas o judiciales contra periodistas serían señales mínimas exigibles por la comunidad nacional e internacional. 

En paralelo, las organizaciones de prensa, colectivos de periodistas y organismos de derechos humanos ya anticipan un rol de vigilancia intensa: de repetirse prácticas de hostigamiento o intentos de controlar contenidos informativos, es probable que la respuesta sea rápida, con denuncias ante instancias internacionales y movilización en las calles. La diferencia con los noventa es que hoy existe un ecosistema digital más plural y vigilante, menos controlable por mecanismos tradicionales de censura. 

Un Congreso fragmentado y una izquierda beligerante

La relación de Keiko Fujimori con los representantes de izquierda en el Congreso promete ser, en el mejor de los casos, áspera. De un lado, Fuerza Popular llegaría con agenda de desregulación, incentivos tributarios y fortalecimiento de la inversión privada; del otro, las bancadas de izquierda empujarían por mayor intervención estatal, nuevas reglas para la minería, reformas laborales y una reforma tributaria progresiva. 

Esto se traduciría en constantes pulsos legislativos: la derecha buscaría aprobar paquetes de reactivación y flexibilización, mientras la izquierda presionaría por mayores derechos colectivos, regulaciones ambientales y cambios constitucionales en materia económica. En ese choque, la figura de la presidenta sería objeto de fiscalización permanente, con posibilidad de censuras a ministros, interpelaciones recurrentes y uso del Parlamento como escenario de confrontación simbólica con el legado del fujimorismo. 

¿Coexistencia pragmática o bloqueo crónico?

A pesar de la tensión ideológica, existe un margen para acuerdos puntuales, especialmente en temas de corto plazo como empleo juvenil, apoyo a microempresas o programas sociales focalizados, donde el lenguaje de la reactivación puede encontrar puntos de contacto con las preocupaciones redistributivas de la izquierda. Algunos sectores podrían optar por un pragmatismo crítico, negociando beneficios concretos para sus bases a cambio de respaldar medidas económicas específicas. 

Sin embargo, la desconfianza mutua es profunda: para la izquierda, el fujimorismo es sinónimo de corrupción y autoritarismo; para el núcleo duro fujimorista, la izquierda representa el riesgo de “chavismo” o “inestabilidad” económica. Si ninguna parte cede, el resultado podría ser un bloqueo legislativo crónico, con el Ejecutivo gobernando vía decretos y el Congreso respondiendo con intentos de vacancia, un guion ya conocido y que el país difícilmente podría soportar sin un nuevo ciclo de crisis. 

Un país entre la necesidad y el recelo

En suma, el ingreso de Keiko Fujimori a la banda presidencial colocaría al Perú en una encrucijada compleja: muchos ciudadanos anhelarían la estabilidad y la reactivación que promete su programa económico, pero al mismo tiempo temerían el regreso de prácticas que vulneren la libertad de prensa y la separación de poderes. La clave estará en si su eventual gobierno opta por la moderación y el diálogo, o si se inclina por el choque y la tentación autoritaria que marcó el fujimorismo original. 

Entre promesas de crecimiento y las lecciones aún pendientes de los noventa, Keiko Fujimori llegaría a Palacio con la banda puesta, pero bajo la mirada escrutadora de una prensa alerta, una oposición de izquierda movilizada y una ciudadanía que ya ha pagado muy caro, en el pasado, cualquier deriva contra la democracia.

• Enlaces salientes:
• Organismos internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, han advertido sobre los desafíos que enfrenta la prensa en la región;
• https://www.oas.org/es/cidh/expresion/