Por María Dolores Dominguez
De acuerdo al informe del Estado Provisional del Clima Global del 2023, llevado a cabo por la Organización Meteorológica Mundial (WMO por sus siglas en inglés), en octubre de ese año la media de la temperatura global cercana a la superficie estuvo aproximadamente 1.40 °C por encima del promedio del período 1850-1900. De este modo, los años que van entre 2015-2023 son los más cálidos desde que se tiene registro.
En el caso concreto de América Latina, el fenómeno de El Niño y el calentamiento global produjeron el aumento del nivel del mar sobre el promedio, el incremento de las olas de calor, el déficit de lluvias durante la primera mitad del 2023 (que, en el caso de Uruguay, condujo a la falta de abastecimiento de agua potable) y la pérdida de cultivos. Luego, cuando se acercó el verano, sobrevinieron los incendios y las inundaciones (afectando especialmente a las poblaciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el hemisferio sur).
Por otro lado, las condiciones climáticas y ambientales generadas por El Niño promueven la reproducción directa e indirecta de enfermedades infecciosas, las cuales varían según la región y la época del año, como por ejemplo: la hepatitis A, las enfermedades diarreicas, el dengue, el zika, el chikungunya y la equinococosis poliquística.
De este modo, el informe Panorama de los Desastres en América Latina y el Caribe 2000-2022, publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR), indica que aquella es la segunda región más afectada por los desastres pero la primera en lo referente a impactos y costos económicos. Así, en el plazo de 23 años, se contabilizaron 681 inundaciones, 400 tormentas, 92 terremotos, 78 deslizamientos de tierra, 77 sequías, 49 casos de temperaturas extremas, 42 eventos volcánicos y 36 incendios forestales.
Ante estas adversas realidades, muchas personas que habitan las zonas gravemente afectadas por estos fenómenos deciden abandonar sus hogares y emigrar hacia lugares más prósperos o seguros, es a ellos a quienes se denomina como “migrantes ambientales”. No obstante, la cuestión no es sencilla, ya que, en primer lugar, los desastres ambientales son muy divergentes (pueden ser naturales o causados por la intromisión del hombre); en segundo lugar, no existen números claros ni marcos jurídicos específicos para esta problemática; en tercer lugar, las respuestas y propuestas estatales son diversas, pero la cooperación se ve cada vez más amenazada. En el medio, millones de personas pierden sus hogares, sustentos económicos y calidad de vida.
Las distintas caras de la migración ambiental
En este sentido, las migraciones por motivos climáticos no hacen sino añadir una nueva capa de complejidad al asunto, pues le recuerda a los Estados que el cambio climático es una problemática presente sobre la que se deben tomar medidas urgentes y eficientes. Al respecto, podemos distinguir entre catástrofes repentinas (como los huracanes, los terremotos y las inundaciones) y las catástrofes que se dan de forma paulatina (como las sequías y el incremento del nivel del mar). De cualquier modo, aunque la motivación del éxodo sea relativamente nueva de manera masiva, las formas en las que ocurre no lo son, ya que, como con cualquier otro tipo de migración, esta se da tanto al interior como al exterior de los territorios estatales.
Así, las migraciones internas implican el desplazamiento hacia localidades vecinas que se encuentran dentro del mismo país que se habita. Por lo general, los emigrados suelen volver a su ciudad de origen, una vez que los estragos ocasionados logran ser ordenados; aunque terminan encontrándose con situaciones de precariedad profundizadas. Por esta razón, un tercio de los emigrados elige no retornar. De acuerdo al informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2022 de la ACNUR, ese año se reportaron 32,6 millones de desplazamientos internos motivados por desastres, siendo Pakistán, Filipinas y China los países con mayores registros. En el caso de América Latina, en el siguiente gráfico se pueden observar las ciudades con porcentajes más altos de migrantes internos en algunos países.
Bloomberg Línea
Por otro lado, las migraciones externas son elegidas como la última opción por parte de los afectados por los desastres ambientales, debido a las dificultades diversas que implica habitar un nuevo país (exigencias burocráticas, diferencias culturales, inserción laboral, separación de los seres queridos, acceso a una vivienda, desamparo jurídico, entre otros). De esta manera, quienes emigran por razones climáticas lo hacen tanto por los destrozos y la inseguridad generados por los fenómenos ambientales pero también porque estos afectan la disponibilidad y/o la calidad de los recursos naturales necesarios para subsistir, como lo son el agua y los alimentos.
Ahora bien, es importante señalar que, en el caso de las migraciones al exterior de un país, la decisión suele estar motivada por causas múltiples, y no únicamente por el cambio climático. Por lo que la pobreza, la inestabilidad política, la inseguridad, la violencia, la inflación, la falta de oportunidades de trabajo formal, los bajos salarios y los altos costos de vida confluyen y se entrelazan como los principales factores que, sumados al cambio climático, impulsan el abandono de la patria.
Esta situación contribuye a invisibilizar al cambio climático y los problemas ambientales como una causa de emigración. Sin embargo, sus producciones efectivamente contribuyen al destrozo de zonas habitables y al incremento de la vulnerabilidad de las personas previamente afectadas por otras problemáticas: entre 1998 y 2020 generaron la muerte de 312.000 personas e hirieron a más de 277 millones en América Latina y el Caribe. De hecho, el Banco Mundial calcula que para 2050, serían 17 millones los migrantes climáticos en dicha región.
Entre el sujeto y el derecho
En lo que respecta al derecho internacional, los expertos señalan distintas lagunas que obstaculizan la experiencia de quienes se desplazan forzosamente por desastres. En los últimos años se ha popularizado la utilización indistinta de refugiado climático y migrante climático. Ello no es técnicamente correcto, ya que existen diferencias entre ambas categorías.
Así, un refugiado es toda persona que se vea obligada a huir de su país por conflictos armados, persecuciones o falta de protección, siendo estas situaciones de violencia las que les habilitan a solicitar el derecho de asilo al país al que se desplazan, el cual debe garantizarles la debida protección. Por su parte, un migrante es todo aquel que decide dejar su lugar de origen de forma voluntaria (temporal o permanentemente), ya sea para movilizarse en el interior de su país o fuera de este, por motivos distintos a los señalados antes (como pueden ser económicos o por reunificación familiar), lo que no significa que sus condiciones de vida no hayan sido extremas.
Esta falta de claridad conceptual se refleja también en la existencia de extensas denominaciones para referirse a las personas que abandonan sus hogares por causas medioambientales (migrantes climáticos, migrantes ambientales, desplazados ambientales, climigrantes, refugiados climáticos, entre otros). La fuente última de esta realidad se encuentra en la falta de respaldo jurídico a nivel internacional.
De este modo, se excluye el uso de la palabra refugiado, ya que la misma definición establecida en 1951 en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados impide hacerla aplicable a estas situaciones, a menos que su desplazamiento también haya sido motivado por otras razones que sí figuran en el documento.
Asimismo, se considera que el término de refugiado climático sólo contribuye a homogeneizar y simplificar las diversas causas que llevaron a una persona a abandonar su tierra natal. Esto quiere decir, por un lado, que los problemas ambientales, en sí mismos, son muy distintos en causas y consecuencias entre sí; incluso muchos de los desastres naturales no son generados por el cambio climático. Pero, a la vez, se producen contraproducciones al afirmar que ellas nunca son, en última instancia, la única razón causante del desplazamiento, más bien se presentan – como ya hemos indicado – un conjunto de variables políticas, económicas, personales y sociales que complejizan el suceso.
Por todo esto, Suecia y Finlandia optan por hablar de migrantes climáticos en sus legislaciones, convirtiéndose en Estados precursores en esta materia. Además, aunque Argentina no aplica una definición concreta, sí reconoce el desplazamiento ocasionado por desastres naturales o ambientales, ofreciendo un marco de protección; y lo mismo ocurre en Bolivia y Brasil. En el caso de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se utiliza migración por motivos ambientales, cuya definición es: “persona que, debido principalmente a cambios repentinos o graduales en el medio ambiente que inciden negativamente en su vida o en sus condiciones de vida, se ve obligada a abandonar su lugar de residencia habitual, o decide hacerlo, con carácter temporal o permanente, y se desplaza a otras partes de su país de origen o de residencia habitual, o fuera del mismo”. De cualquier modo, a nivel internacional, sigue sin existir un consenso, por lo que no hay respaldo jurídico específico para estas situaciones, lo que puede dificultar el amparo de los desplazados.
Los desafíos y las responsabilidades estatales
Actualmente, nos encontramos ante un mundo globalizado pero protegido, por lo que a procesos como las migraciones les augura una profundización en su condición de ilegales, frente a la constitución de nuevas y mayores exigencias en lo referente a la circulación de personas a nivel mundial. Es que, entre la carga demográfica que supone recibir estas oleadas de extranjeros y los discursos populistas emergentes que tienen como blanco a colectivos minoritarios, las simplificaciones burocráticas son difíciles de ver. Incluso hay quienes señalan que las lagunas legales a nivel internacional son producto directo de la falta de voluntad estatal para brindarle reconocimiento al problema.
En cualquier caso, la protección es fundamental, y más si se tiene en cuenta que las poblaciones empobrecidas son las más perjudicadas por el impacto de las crisis climáticas. Es más, un informe del 2018 del Banco Mundial señala que, para el 2050, las olas de emigraciones provendrían principalmente de África subsahariana, Asia meridional y América Latina. De todos estos, son los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) los que corren mayor peligro.
Ante este panorama, son varios los Estados que ya comenzaron a planificar sus desplazamientos internos o, incluso, las evacuaciones masivas (algunos ejemplos son Fiyi, las Islas Coco, las Islas Maldivas, las Islas Salomón, Tuvalu y Kiribati). Así y todo, estas decisiones involucran a otros Estados que no están dispuestos a aceptar tan fácilmente estas oleadas de personas en sus tierras, debido a las dificultades que ello implicaría (de tipo demográficas, culturales, económicas, securitarias, sociales y políticas).
Por ejemplo, Nueva Zelanda permite, desde el año 2002, el ingreso de 79 tuvaluanos por año – lo que significa que se tardaría más de un siglo en trasladar a toda la población a ese país -. Tuvalu también sostiene un acuerdo similar con Australia desde 2023, en el que se aprobó el traslado de un máximo de 280 emigrantes anuales. Además, el gobierno australiano propuso la inversión de 10 millones de dólares para auxiliar a las islas, algo que desde la geopolítica es leído como una estrategia para sobreponer al poder australiano por sobre la influencia china en la región. Por su parte, Kiribati adquirió 2000 hectáreas en Fiyi para poder desplazar a sus habitantes, en caso de ser necesario, pero este último, aunque es más montañoso, también ha tenido desafíos en sus zonas costeras.
Un caso aparentemente excepcional es el de las Islas Marshall, pero sólo porque Estados Unidos, como forma de compensar las bombas nucleares lanzadas en su territorio, les permite emigrar libremente hacia sus fronteras. A la vez, se tiene en mente la posibilidad de construir islas artificiales en el territorio de Oceanía para asegurarle prosperidad no sólo al Estado insular sino también a la base de la armada estadounidense, una decisión que implica un lujo que cualquier otro país subdesarrollado no está en condiciones de financiar.
Esta realidad incluso llevó a que se comenzara a hablar de ‘Estados desterritorializados’, como explica Rosemary Rayfuse para The New York Times. Tal concepto se acuñó ante la inminente posibilidad de que se pierdan las tierras por el crecimiento del nivel del mar. Ello reconoce futuras posibles problemáticas – como disputas entre los Estados vecinos por apropiarse de los recursos naturales (minerales y pesqueros, mayormente) y del territorio marítimo que previamente le pertenecían al Estado extinto – a la vez que abre el paso a nuevas preguntas ¿se puede hablar de Estado incluso cuando no hay territorio físico? ¿A quién le corresponde la soberanía sobre esas aguas? Para Rayfuse, el derecho no es estático, sino que se adapta a las condiciones sociohistóricas, como ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIX cuando la Santa Sede mantuvo su soberanía pese a haber perdido la Ciudad del Vaticano debido a la unificación de Italia, por lo que habría esperanzas para las pequeñas islas.
Por otro lado, al interior de Estados Unidos varias ciudades han sido calificadas como paraísos climáticos, ya que allí los desastres climatológicos no son comunes. Este es el caso de Búfalo (Nueva York), Cleveland (Ohio), Ann Arbor (Michigan) y Duluth (Minnesota), todas ciudades ubicadas al noreste del país y cerca de cuerpos de agua dulce. Es así que las alcaldías ya pusieron en marcha el diseño de proyectos de desarrollo urbano como forma de potenciar el arribo de inmigrantes latinos, teniendo en mente que cuentan con una vasta disponibilidad de solares que fueron abandonados durante la recesión de la década del ‘70, cuando una gran parte de la población se marchó de estas ciudades en busca de trabajo.
De hecho, estas planificaciones entusiastas se fundamentan en que, como sostienen varios especialistas, las diásporas abren la posibilidad de dinamizar y reactivar la actividad económica. Esto debido a que aumenta la mano de obra disponible, la que a su vez es joven, habilidosa, tiene poca familia a su cargo y es letrada.
En lo que alude a nuestra región, los resultados del Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina del 2023, demuestran que los países con mayor densidad poblacional (como Brasil y México) son los que mejor capacidad institucional tienen para afrontar los problemas ambientales pero también se posicionan primeros en términos de degradación y crímenes ambientales, mientras que en países con menos habitantes (como San Vicente), la situación es inversa. Ello demuestra cómo el hecho de contar con más y mejores recursos no necesariamente equivale a su aplicabilidad y gestión exitosa. Los porcentajes finales posicionan a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay dentro de los países con impunidad media baja, mientras que Brasil y México forman parte del grupo con impunidad media y Paraguay fue clasificado con una muy alta impunidad.
De este modo, los Estados parecen estar en estadios primitivos en lo referente a la protección del medio ambiente en general, y de los migrantes ambientales en particular, situación que empeora al divisar las condiciones estructurales desiguales de las que parten los diferentes países. Por ello, los servicios humanitarios ofrecidos por los organismos internacionales se tornan fundamentales. No obstante, ello no puede resultar una excusa para obstaculizar la cooperación internacional en materia jurídica y política tanto para aminorar el cambio climático como para asistir y resguardar el bienestar de los desplazados forzosos.
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